La defensa no es una cuestión de fuerzas sino de derechos

Por José Muñiz

Sonia Winer es investigadora del CONICET, Doctora en Ciencias Sociales (summa cum laude), Políticas Públicas de Seguridad y Defensa, y la entrevistamos para que nos brinde una visión del contexto local e internacional en la temática de la seguridad . Su gran experiencia en la materia nos posibilitó el acceso a un entendimiento más acertado sobre la complejidad de la temática.

Damos paso a su testimonio, a su sapiencia, donde sin gambetas a la lógica digital de lo  binario, nos plantea el relato dominante del terrorismo, los carteles y los superman; y el correlato, el de la realidad, el de la seguridad supeditada a los derechos humanos. Es decir dos crónicas: uno, de búsqueda de paz y otro, que en nombre de la paz, hace la guerra.

Cuando hablamos de seguridad, de sus patrones estructurales, lo primero que puede vislumbrarse es lo que está en la superficie: el anfetamínico efecto del discurso mediático-político dominante y el meta discurso, un escalofriante relato del consumo crudo y descarnado, selectivo, excluyente, el que promueve la óptica del estigma y la acción punitiva por compulsión.

En esta búsqueda del sentido y el contrasentido en el que marchan, las distintas configuraciones que importan (de importación) a nuestras mentes bajo el concepto de Seguridad y la Inseguridad, accedimos a lo que pareciera ser la configuración que resuelve la lectura de este complejo pentagrama del terror: “la seguridad en el marco internacional es una puja entre discursos que pueden reforzar o hacer tambalear la soberanía política de las naciones. Es decir, comprender este aspecto en el marco internacional es un equivalente análogo al dime con quién andas y te diré quién eres”.

En este contexto, quien tiene el ejercicio de la lectura política, sabrá que el mismo no es más que una obviedad; no obstante ello, para quienes el acceso a esta lectura no es tal, podría  abandonar la lectura aquí bajo la sospecha de una conspiración o paranoia más.

La defensa global

De acuerdo con la entrevistada, “existe en la actualidad,  una disputa entre poderes hegemónicos a nivel global de los considerados “Estados imperialistas”, los cuales se encuentran dominados por  los intereses de las grandes corporaciones o agencias que buscan, en definitiva, debilitar el poder político. Éstos han comprobado que si se construye un poder político hegemónico que imponga una visión global de la seguridad internacional, la cual busque potenciar el consumo de mercancías y esa alienación que genera el consumo de mercancías,  y que  es funcional a la ganancia  y a los grandes intereses del capital, al sostén de la tasa de ganancia”.

Por otro lado, “buscan instalar una concepción global de inseguridad internacional, ya que al hablar de defensa, habilitan el actuar de acuerdo a su injerencia, pasando así por encima de los derechos soberanos de cualquier ciudadano de la nación en cuestión, atravesando así los derechos humanos que le corresponden”.

“Es dable considerar que una  de las características de los DDHH es que éstos son internacionales. Esta premisa iría en contra de  la restricción de los derechos ciudadanos nacionales, ya que  los poderes globales tienen el objetivo de de “desciudadanizar” a la población debilitándola en el uso de sus facultades ciudadanas, habida cuenta que la definición de “ciudadano” puede variar de una nación a otra de acuerdo a quienes considere, esa nación, parte de la ciudadanía.”

Para ampliar estas nociones, Argentina, por ejemplo, suscribe al concepto de Seguridad definido por la ONU: el concepto de SEGURIDAD INTEGRAL basado en garantizar los derechos humanos básicos como todo principio de seguridad.

“Es por ello, que en nuestro país, desde el Ministerio del Interior, la intención de la gestión se centró en abordar las cuestiones de seguridad desde una concepción integral de seguridad, tomando como eje, la propuesta  de la Naciones Unidas.
EL contrapunto de esta concepción de la seguridad es el existe en América Latina la convicción “que es el que quiere imponer el comando sur en todos los países  de la región:  seguridad y narcotráfico utilizados como una excusa para habilitar la injerencia de Estados Unidos bajo el supuesto argumento de que nosotros  tenemos estados fallidos, porosos, bajo ciertas zonas o áreas territoriales en las cuales el estado no logra garantizar su control.” Expresó Sonia Winer, en base a los testimonios  que resultan de sus investigaciones.

Siguiendo en esta línea de exposición,  “el argumento que utiliza Estados Unidos para financiar una serie de planes y programas de seguridad ciudadana y el argumento que declaran para instalar bases de la DEA en distintas ciudades que consideran estratégicas, es el de controlar los flujos legales e ilegales de mercancías (drogas, personas e información) generando una cierta percepción de la sensación de inseguridad entre la población local lo cual se ve potenciado mediante relatos de académicos y medios de comunicación.  Esta percepción de la sensación de inseguridad,  no quiere decir que no existan delitos penales, si no que  lo que, desde su visión,  buscan estas naciones, es evitar la intervención de la justicia local, generando así zonas de “no derecho”, similares a territorios como Guantánamo”.

Los golpes del siglo XXI

Gene Sharp es un actor clave en la configuración del mapa de conquistas actuales del imperio. Albergado en el Albert Einstein Institute (facultad de ingeniería de la perversión y el cinismo del mundo actual) investigó la resistencia pacífica como manifestación frente al monopolio de la violencia durante las dictaduras latinoamericanas, las cuales en la década del 70 inundaron de sangre y horror sus respectivos países. Sharpde tendencia neoliberalista,  centró sus estudios en los movimientos sociales (como el de las “Madres de Plaza de Mayo”, Argentina) y volcó los resultados en una tesis titulada “la teoría de la resistencia no violenta”. Actualmente apoyado por  la CIA, dicta cursos a los lazarillos dispuestos a librar batalla en aquellos países en los que Estados Unidos no es un aliado. Su obra puede verse ejecutada en Honduras (derrocamiento de Zelaya), Paraguay (derrocamiento de Lugo) y en la actual intentona golpista en la República Bolivariana de Venezuela de la mano del socio local Henrique Capriles.

La estrategia se centra en romper el tejido social por medio de la instalación del miedo: “El sistema tiene 138 formas de hacer un golpe de estado, una de ellas es la guerra de calles, tomar la calle para destruir un gobierno que no es afín (a través de la conducción de movilizaciones, pero que están avaladas y montadas por agentes de Estados Unidos).

Por otro lado, buscan evitar la organización de los grupos generando una organización ilegítima, para lo cual es necesario sembrar pánico social, elevar los niveles de estrés y angustia que le impida al individuo proyectar,  y pensar en un proyecto de vida, y hasta en un proyecto político. Se busca que los individuos solamente consideren las cosas instantáneas, para que desplace el estrés, el deseo, hacia la adquisición de cosas y hacia la inmediatez. Rompen con el eje conectivo de las personas, lo llevan a una permanente instantaneidad, generan un nivel de más consumo y se potencia entonces la venta de mercancías.

Por un lado, se desactiva la potencial insurgencia que podría ocurrir entre algunos sectores de la población y al mismo tiempo,  se fortalece el mercado, en virtud del aumento de la adquisición de mercancías. Estas afirmaciones se encuentran basadas en estudios psicológicos realizados por el Pentágono, donde además se investiga la cultura estratégica de cada pueblo y se arman las campañas en torno a alguno de esos elementos características, para luego montar sobre esto la subjetividad del miedo.”
No tardan en llegar las contextualizaciones y de ellas emerge un aliciente racional a tanta irracionalidad televisiva y cultural: “la sensación de inseguridad” donde el aparato mediático trabaja para infundir miedo, habilitando así la construcción de una subjetividad que moviliza y descontrola, que incrementa el estrés, y a su vez eleva el consumo.

En el marco de esta situación, Winer afirma que “cuando una persona ve en la televisión siempre lo mismo, y luego experimenta  algún tipo de delito, piensa ‘ahora que me paso a mí hay que solucionarlo, hay que subir las penas, matar a los delincuentes, no respetar los DDHH, etc’. De alguna manera, entre la influencia de los medios y su propia experiencia tiene el diagnóstico de un conflicto, y por ende, la solución. De esta manera, al utilizar aspectos de la vida cotidiana de cada país, que cualquier individuo pueda vivenciar, se va construyendo una subjetividad afín a las convicciones iniciales.”

Así, en esta compilación de sucesos que parecieran salidos de un libro de ciencia ficción política, se puede empezar a desprender alguna conclusión a los fines de esclarecer el panorama.

Los delitos y homicidios en el arco mediático son preeminentes, la cobertura y la alta y explicita rotación del mensaje devuelven al espectador el denominado fenómeno de la "sensación de inseguridad", es decir que si bien la inseguridad existe, la sensibilización que transitan las individuos orbita en la construcción subjetiva que desarrollan los medios de comunicación.

¿Quiénes digitan detrás de esta estructura del miedo?

Son los grupos económicos globales a través de sus sociedades, políticos y otras organizaciones sociales que tienen fines comerciales y políticos, en tanto los gobiernos no acaten los lineamientos políticos impuestos desde el concentrado poder imperial de los Estados Unidos.

Es necesario destacar que atentar contra lo más sensible de una nación, sólo puede forzar a ceder el paso en las vicisitudes que el poder dominante exige y detenta. En este sentido Winer apunta: “El futuro que se prevé de seguir en esta línea, es tener una red mafiosa infiltrada en rutas estratégicas y en zonas estratégicas del mundo, donde, si surge un gobierno que no es afín a sus convicciones, lo puedan desestabilizar y golpear,  gestionando el desorden,los territorios, las poblaciones y las rutas estratégicas y los recursos. Entonces no sólo piensan en función de países, sino en función de territorios”

Colombia y Paraguay, en ese orden, han sido reflejos de la implementación de esta estrategia, Panamá lo fue mucho antes y Bolivia logró despojarse parcialmente de los distintos intentos norteamericanos de someter esos territorios a la voluntad de la DEA y posteriormentela CIA,

de poseer el control de los cultivos y así volver permeables, lentamente, las instituciones de la democracia, que podrían representar un inconveniente en el avance hacia el dominio de los recursos que los Estados Unidos entienden como estratégicos para el sostenimiento de su andamiaje Político y Económico.

“La tendencia jurídica argentina es contraria a la que se quiere imponer en el resto de la región.

Aunque no sea un objetivo de la doctrina jurídica ser anti-hegemónico, en los hechos y en la práctica, lo es y molesta, porque va exactamente en contra de lo que buscan imponer.

Esto mismo ocurre en materia legislativa ya que justamente habla de defensa nacional y delimita la política exterior de la interior, y la reglamentación de la ley de defensa nacional que además inhabilita a las Fuerzas Armadas a luchar contra las nuevas amenazas transnacionales: el terrorismo y el narcotráfico.

En conclusión, lo  que se busca es generar escenarios al gobierno nacional en los cuales se desarrolle  un clima a partir de instalar un tema como el narcotráfico, intensificando estas figuras, por ejemplo con las series de televisión, donde los personajes principales son narcotraficantes, dirigentes políticos que salen a hablar del tema de la ley de derribo del narcotráfico. El camino que se recorre se inicia instalando  en la agenda nacional un tema, para luego después llevar al gobierno a considerar su legitimidad política y que éste en definitiva se vea obligado a dar por tierra con estos instrumentos que llevaron tanto años construir. Hay una búsqueda de una imposición de una doctrina global y espacios de  resistencia, que pueden ser nacionales o internacionales, pero que en este momento más que a la ofensiva, están a la defensiva.”

¡Viva el héroe colectivo!

Por Axel Springer

Conversar con Lucas Manjon de la Red Antimafia nos permite creer como mínimo en 3 cosas:   a) no todo está perdido,  b) hay personas que quieren ayudar a otras  y  c), por último, si estas acciones se organizan el resultado es aún más fructífero. 

L.M.: La Red antimafia es un conglomerado de trabajo de distintas organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil en conjunto que tienen alguna experiencia en infancia robada, familiares de la tragedia de Once, familiares de Cromañón, etc. Como un montón de personas de la sociedad civil sin representación partidaria, ni política, ni sindical, que decidieron unirse para conformar esta Red y establecer 33 puntos del programa para erradicar las mafias en el país.

R.P.A.: ¿Cuál es el origen del problema de la inseguridad?
L.M.: Obviamente, son la desigualdad y la corrupción. A medida que se incrementan los niveles de desigualdad, se incrementan las brechas en otros sectores. Es muy complicado llevar una política de seguridad, luego de 30 años de democracia, en que solo hay 2 condenados por corrupción.
Hoy en día, al ver los ejemplos que recibimos desde arriba violando las leyes, muchos creen que las leyes pueden ser vulneradas. Hoy tenés personas públicas enriquecidas de manera corrupta. 
Por otro lado, también hay casos de personas honestas que han trabajado individualmente. La red nace y crece para unir transversalmente a esas personas honestas que quieren trabajar sobre los valores más básicos de derecho a la vida, la libertad y la desigualdad, ante el crimen organizado.

R.P.A.: ¿Qué es el mapa de la inseguridad?
L.M.: Es un trabajo que venimos haciendo junto a distintos barrios de Capital Federal, pero nosotros lo llamamos mapa del crimen organizado. Reuniéndonos en sinagogas, clubes de barrio y parroquias, cada vecino aporta hechos de inseguridad o delitos que sucedan, tales como robos,  cocinas de cocaína, desarmaderos, puestos donde se cobran coimas. Todo eso se vuelca en un mapa para tener una estadistica de la información cabal de lo que sucede en forma directa y no por trascendidos. A partir de esta información reunida, se hace un análisis y se lo brindamos a las autoridades que creemos que son competentes y pueden trabajar, organismos nacionales y de la ciudad. En Rosario se lo entregamos a las autoridades federales y provinciales, para que se anoticien de lo que pasa en los barrios.
A partir de ahí, esperamos un tiempo prudencial para que empiecen a trabajar y comiencen a desactivar, por ejemplo, los puntos de venta de droga, las zonas liberadas para los asaltos, desarmaderos, prostíbulos. Si las autoridades actúan de manera coordinada, al cabo de un mes se empiezan a ver resultados cabales en la calle. 
Por una cuestión de procedimiento, nosotros les entregamos la información a las máximas autoridades (Ministerio de Seguridad nacional y porteño, AFIP, AGIP, Subsecretaria de Trabajo, Ministerio de Trabajo). Es el Ministerio de Seguridad quien tiene competencia y debe derivarlo a las comisarías. 
Nosotros ponemos a su servicio todos los datos, si vemos que no hay resultados, muchas veces hemos tenido que marchar.
Hace unos días en Rosario se hizo un operativo muy importante y algunos puntos fueron elegidos como consecuencia del mapa entregado por la Red Antimafia de Rosario.

R.P.A.: ¿Cómo se puede mejorar la policía actual?
L.M.: Nosotros creemos que tiene que haber una policía judicial, para que se especialice en delitos complejos y puedan actuar.
Lo más importante es descabezar las estructuras mafiosas que hoy existen dentro de la policía, y luego cambiar la formación de estas estructuras. Hoy hay instructores que tienen sumarios o que han formado parte de las fuerzas armadas de la dictadura militar. 
Actualmente, a los policías corruptos se los descubre, se los sumaría y pasan a retiro con una jubilación de privilegio y, además, manteniendo sus negocios armados. Así no va a cambiar en lo más mínimo.

R.P.A.: ¿Qué opinión te merece la actual reforma al Código Penal?
L.M.: Lo estamos evaluando, en algunos puntos no estamos de acuerdo, como la eliminación de la figura del proxeneta, donde se baja la pena por delitos de trata de personas. Para nosotros y para “La Alameda” significa un retroceso. En 2008 se sancionó una ley que sigue vigente donde la pena por secuestrar una persona y explotarla sexualmente es menor a traficar una vaca. Nosotros denunciamos al Juez de la Corte Suprema Zaffaroni por tener una red de 11 prostíbulos en 6 de sus departamentos. Hubo una sentencia y  su apoderado pagó una multa, reconociéndose como proxeneta. Esta persona participó de esta reforma del Código Penal. En el año 1979 escribió el Código de Derecho Penal Militar donde habla del estado de excepción y justifica la pena de muerte sin juicio previo. La discusión debería de haber sido más amplia.

Podes leer todas las notas del nº12   acá http://revistaproyectoaire.com.ar/descarga 

Arma de destrucción masiva es la exclusión social

La seguridad actualmente consiste en excluir. Se materializa en la ejecución y/u omisión de acciones, por parte de ciertas organizaciones sociales, que buscan incidir sobre el marco político del ser y hacer democrático y soberano de las comunidades. Es un concepto clasista, una expresión ideológica que glorifica la defensa inalienable de los bienes materiales individuales y/o de grupos de interés  

Circula por los aires de la ciudad un discurso excluyente respecto a la seguridad. De la misma manera en que gritamos durante una discusión, cuando perdemos la razón y solo nos importa imponer a toda costa nuestra voz por encima de alguna otra, la sociedad grita y exige seguridad. ¿Pero qué quieren cuando quieren seguridad? No lo saben; como tampoco saben que hacen caldo de cultivo para que otras voces, sin necesidad de gritos, puedan acallar todas las demás y hacerse hegemónicas.

La seguridad actualmente consiste en excluir. Se materializa en la ejecución y/u omisión de acciones, por parte de ciertas organizaciones sociales, que buscan incidir sobre el marco político del ser y hacer democrático y soberano de las comunidades. Es un concepto clasista, una expresión ideológica que glorifica la defensa inalienable de los bienes materiales individuales y/o de grupos de interés. Debe ser ejercida sobre el hecho social del robo y su naturalizada fuente original: los marginados sociales. Son ellos a quienes se debe sofocar mediante el despliegue de los dispositivos de seguridad sancionados: los sectores históricamente postergados, históricamente estigmatizados, los desafiliados sociales. O sencillamente, los pobres.

Dividir es, de alguna manera, distribuir. El Rey Lear divide sus territorios, distribuye sus terrenos a sus hijas y, con ellos, las riquezas que contienen. Divide y reinarás. El concepto de seguridad que construyen e imponen los sectores dominantes y representantes del capital alienta la fragmentación social: fragmenta y oprimirás (aun más). Fragmentación territorial y simbólica que se consolida en la emergencia de “zonas francas” del Estado, en las cuales la cuestión social es desatendida, no se ejerce poder alguno. La vida desprotegida, marginados y desprotegidos. Es el Estado de la Des-socialización.

Lazo social fragmentado, las instituciones de socialización quebradas y des-configuradas. La pérdida de sentido del ser y hacer es un síntoma de moda en los tiempos que nos toca vivir. En este contexto, las nuevas narrativas políticas, que empiezan a emerger y a mutar constantemente desde la crisis de 2001, encuentran nuevas posibilidades lingüísticas y simbólicas para sus relatos, mitos y prácticas; y al capitalismo se le ofrecen nuevos impulsos para su mercado y la generación de más (y nuevos) deseos consumistas.

¿Y el Estado del Derecho (humano)? El Estado argentino, durante la última década, planteó innovaciones y pequeñas revoluciones en materia de seguridad humanitaria. La clave radica en la reglamentación de Defensa Nacional, sancionada en 1988, reglamentada en los primeros meses de gestión de Néstor Kirchner: las Fuerzas Armadas retiradas del ámbito civil; creación del Ministerio de Seguridad; democratización de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal; inicio, desarrollo e intensificación de los juicios contra los crímenes cívicos-militares registrados durante la última dictadura cívico-militar. Y además -al menos-, la intención política de construir un país con más y mejor inclusión social.

La situación es sensible. Observamos instituciones sociales, grupos de poder económico y simbólico monopólicos que exhiben además poder político de hecho, sin necesidad de participación política en espacios formales donde las prácticas puedan ser institucionalizadas, legales y legítimas. Están en la clandestinidad política, armados hasta los dientes, atacan sin disparar balas, sin usar siquiera pólvora. Utilizan discursos y símbolos de destrucción masiva.  

Al proceso de institucionalización de las prácticas sancionadas para el hacer de la seguridad, le corresponde una fuente de nutrición discursiva, simbólica, material y de praxis. Entendemos que existen dos bandos en pugna. Por un lado, el hegemónico y estigmatizador. Se trata del que representa a los actuales sectores dominantes que pregonan la fragmentación social y el casi irremediable enfrentamiento social. Si lo caracterizáramos como desestabilizador del orden democrático, no estaríamos tan errados. Por otro lado, el discurso que busca atender y compensar las “fallas” del legado neoliberal, pero que convive con un Estado ausente para generar las transformaciones estructurales, culturales, políticas y económicas imprescindibles en la construcción de un nuevo orden social más justo y equitativo. Nos referimos al discurso gubernamental. En términos y estrofas populares, “…ensayo general para la farsa actual, teatro anti-disturbio…”.

La situación es sensible. Observamos instituciones sociales, grupos de poder económico y simbólico monopólicos que exhiben además poder político de hecho, sin necesidad de participación política en espacios formales donde las prácticas puedan ser institucionalizadas, legales y legítimas. Están en la clandestinidad política, armados hasta los dientes, atacan sin disparar balas, sin usar siquiera pólvora. Utilizan discursos y símbolos de destrucción masiva.

Entendemos que la seguridad es otra lucha de clases en desarrollo. Protagonizada por sectores que excluyen y sectores excluidos. Es una lucha de clases velada, donde las operaciones ideológicas son constantes, desviando la mirada de donde debe ser puesta, de donde se generan las raíces que deben cuidarse para que germine y florezca una seguridad social que incluya; no lo contrario. Las operaciones ideológicas en curso reclaman la libertad de comercio y el cuidado y conservación de sus propias lógicas. De la amenaza a esos principios es que se  trata la inseguridad según el discurso hegemónico, solo que lo dicen de otra manera, solo que lo muestran de otras maneras.  

La seguridad será colectiva, será social o no será nada. No habrá seguridad sin integración social. No habrá seguridad sino hasta que los esfuerzos, centrados en la producción y consumo de mercancías, sean reemplazados  por acciones en pos del desarrollo humano y social de los hombres y mujeres. 

  

Santiago Nogueira - José Muñiz 

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Por Axel Springer

Conversar con Lucas Manjon de la Red Antimafia nos permite creer como mínimo en 3 cosas:   a) no todo está perdido,  b) hay personas que quieren ayudar a otras  y  c), por último, si estas acciones se organizan el resultado es aún más fructífero. 

L.M.: La Red antimafia es un conglomerado de trabajo de distintas organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil en conjunto que tienen alguna experiencia en infancia robada, familiares de la tragedia de Once, familiares de Cromañón, etc. Como un montón de personas de la sociedad civil sin representación partidaria, ni política, ni sindical, que decidieron unirse para conformar esta Red y establecer 33 puntos del programa para erradicar las mafias en el país.

R.P.A.: ¿Cuál es el origen del problema de la inseguridad?
L.M.: Obviamente, son la desigualdad y la corrupción. A medida que se incrementan los niveles de desigualdad, se incrementan las brechas en otros sectores. Es muy complicado llevar una política de seguridad, luego de 30 años de democracia, en que solo hay 2 condenados por corrupción.
Hoy en día, al ver los ejemplos que recibimos desde arriba violando las leyes, muchos creen que las leyes pueden ser vulneradas. Hoy tenés personas públicas enriquecidas de manera corrupta. 
Por otro lado, también hay casos de personas honestas que han trabajado individualmente. La red nace y crece para unir transversalmente a esas personas honestas que quieren trabajar sobre los valores más básicos de derecho a la vida, la libertad y la desigualdad, ante el crimen organizado.

R.P.A.: ¿Qué es el mapa de la inseguridad?
L.M.: Es un trabajo que venimos haciendo junto a distintos barrios de Capital Federal, pero nosotros lo llamamos mapa del crimen organizado. Reuniéndonos en sinagogas, clubes de barrio y parroquias, cada vecino aporta hechos de inseguridad o delitos que sucedan, tales como robos,  cocinas de cocaína, desarmaderos, puestos donde se cobran coimas. Todo eso se vuelca en un mapa para tener una estadistica de la información cabal de lo que sucede en forma directa y no por trascendidos. A partir de esta información reunida, se hace un análisis y se lo brindamos a las autoridades que creemos que son competentes y pueden trabajar, organismos nacionales y de la ciudad. En Rosario se lo entregamos a las autoridades federales y provinciales, para que se anoticien de lo que pasa en los barrios.
A partir de ahí, esperamos un tiempo prudencial para que empiecen a trabajar y comiencen a desactivar, por ejemplo, los puntos de venta de droga, las zonas liberadas para los asaltos, desarmaderos, prostíbulos. Si las autoridades actúan de manera coordinada, al cabo de un mes se empiezan a ver resultados cabales en la calle. 
Por una cuestión de procedimiento, nosotros les entregamos la información a las máximas autoridades (Ministerio de Seguridad nacional y porteño, AFIP, AGIP, Subsecretaria de Trabajo, Ministerio de Trabajo). Es el Ministerio de Seguridad quien tiene competencia y debe derivarlo a las comisarías. 
Nosotros ponemos a su servicio todos los datos, si vemos que no hay resultados, muchas veces hemos tenido que marchar.
Hace unos días en Rosario se hizo un operativo muy importante y algunos puntos fueron elegidos como consecuencia del mapa entregado por la Red Antimafia de Rosario.

R.P.A.: ¿Cómo se puede mejorar la policía actual?
L.M.: Nosotros creemos que tiene que haber una policía judicial, para que se especialice en delitos complejos y puedan actuar.
Lo más importante es descabezar las estructuras mafiosas que hoy existen dentro de la policía, y luego cambiar la formación de estas estructuras. Hoy hay instructores que tienen sumarios o que han formado parte de las fuerzas armadas de la dictadura militar. 
Actualmente, a los policías corruptos se los descubre, se los sumaría y pasan a retiro con una jubilación de privilegio y, además, manteniendo sus negocios armados. Así no va a cambiar en lo más mínimo.

R.P.A.: ¿Qué opinión te merece la actual reforma al Código Penal?
L.M.: Lo estamos evaluando, en algunos puntos no estamos de acuerdo, como la eliminación de la figura del proxeneta, donde se baja la pena por delitos de trata de personas. Para nosotros y para “La Alameda” significa un retroceso. En 2008 se sancionó una ley que sigue vigente donde la pena por secuestrar una persona y explotarla sexualmente es menor a traficar una vaca. Nosotros denunciamos al Juez de la Corte Suprema Zaffaroni por tener una red de 11 prostíbulos en 6 de sus departamentos. Hubo una sentencia y  su apoderado pagó una multa, reconociéndose como proxeneta. Esta persona participó de esta reforma del Código Penal. En el año 1979 escribió el Código de Derecho Penal Militar donde habla del estado de excepción y justifica la pena de muerte sin juicio previo. La discusión debería de haber sido más amplia.

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Arma de destrucción masiva es la exclusión social.

La seguridad actualmente consiste en excluir. Se materializa en la ejecución y/u omisión de acciones, por parte de ciertas organizaciones sociales, que buscan incidir sobre el marco político del ser y hacer democrático y soberano de las comunidades. Es un concepto clasista, una expresión ideológica que glorifica la defensa inalienable de los bienes materiales individuales y/o de grupos de interés 

Circula por los aires de la ciudad un discurso excluyente respecto a la seguridad. De la misma manera en que gritamos durante una discusión, cuando perdemos la razón y solo nos importa imponer a toda costa nuestra voz por encima de alguna otra, la sociedad grita y exige seguridad. ¿Pero qué quieren cuando quieren seguridad? No lo saben; como tampoco saben que hacen caldo de cultivo para que otras voces, sin necesidad de gritos, puedan acallar todas las demás y hacerse hegemónicas.

La seguridad actualmente consiste en excluir. Se materializa en la ejecución y/u omisión de acciones, por parte de ciertas organizaciones sociales, que buscan incidir sobre el marco político del ser y hacer democrático y soberano de las comunidades. Es un concepto clasista, una expresión ideológica que glorifica la defensa inalienable de los bienes materiales individuales y/o de grupos de interés. Debe ser ejercida sobre el hecho social del robo y su naturalizada fuente original: los marginados sociales. Son ellos a quienes se debe sofocar mediante el despliegue de los dispositivos de seguridad sancionados: los sectores históricamente postergados, históricamente estigmatizados, los desafiliados sociales. O sencillamente, los pobres.

Dividir es, de alguna manera, distribuir. El Rey Lear divide sus territorios, distribuye sus terrenos a sus hijas y, con ellos, las riquezas que contienen. Divide y reinarás. El concepto de seguridad que construyen e imponen los sectores dominantes y representantes del capital alienta la fragmentación social: fragmenta y oprimirás (aun más). Fragmentación territorial y simbólica que se consolida en la emergencia de “zonas francas” del Estado, en las cuales la cuestión social es desatendida, no se ejerce poder alguno. La vida desprotegida, marginados y desprotegidos. Es el Estado de la Des-socialización.

Lazo social fragmentado, las instituciones de socialización quebradas y des-configuradas. La pérdida de sentido del ser y hacer es un síntoma de moda en los tiempos que nos toca vivir. En este contexto, las nuevas narrativas políticas, que empiezan a emerger y a mutar constantemente desde la crisis de 2001, encuentran nuevas posibilidades lingüísticas y simbólicas para sus relatos, mitos y prácticas; y al capitalismo se le ofrecen nuevos impulsos para su mercado y la generación de más (y nuevos) deseos consumistas.

¿Y el Estado del Derecho (humano)? El Estado argentino, durante la última década, planteó innovaciones y pequeñas revoluciones en materia de seguridad humanitaria. La clave radica en la reglamentación de Defensa Nacional, sancionada en 1988, reglamentada en los primeros meses de gestión de Néstor Kirchner: las Fuerzas Armadas retiradas del ámbito civil; creación del Ministerio de Seguridad; democratización de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal; inicio, desarrollo e intensificación de los juicios contra los crímenes cívicos-militares registrados durante la última dictadura cívico-militar. Y además -al menos-, la intención política de construir un país con más y mejor inclusión social.

La situación es sensible. Observamos instituciones sociales, grupos de poder económico y simbólico monopólicos que exhiben además poder político de hecho, sin necesidad de participación política en espacios formales donde las prácticas puedan ser institucionalizadas, legales y legítimas. Están en la clandestinidad política, armados hasta los dientes, atacan sin disparar balas, sin usar siquiera pólvora. Utilizan discursos y símbolos de destrucción masiva. 

Al proceso de institucionalización de las prácticas sancionadas para el hacer de la seguridad, le corresponde una fuente de nutrición discursiva, simbólica, material y de praxis. Entendemos que existen dos bandos en pugna. Por un lado, el hegemónico y estigmatizador. Se trata del que representa a los actuales sectores dominantes que pregonan la fragmentación social y el casi irremediable enfrentamiento social. Si lo caracterizáramos como desestabilizador del orden democrático, no estaríamos tan errados. Por otro lado, el discurso que busca atender y compensar las “fallas” del legado neoliberal, pero que convive con un Estado ausente para generar las transformaciones estructurales, culturales, políticas y económicas imprescindibles en la construcción de un nuevo orden social más justo y equitativo. Nos referimos al discurso gubernamental. En términos y estrofas populares, “…ensayo general para la farsa actual, teatro anti-disturbio…”.

La situación es sensible. Observamos instituciones sociales, grupos de poder económico y simbólico monopólicos que exhiben además poder político de hecho, sin necesidad de participación política en espacios formales donde las prácticas puedan ser institucionalizadas, legales y legítimas. Están en la clandestinidad política, armados hasta los dientes, atacan sin disparar balas, sin usar siquiera pólvora. Utilizan discursos y símbolos de destrucción masiva.

Entendemos que la seguridad es otra lucha de clases en desarrollo. Protagonizada por sectores que excluyen y sectores excluidos. Es una lucha de clases velada, donde las operaciones ideológicas son constantes, desviando la mirada de donde debe ser puesta, de donde se generan las raíces que deben cuidarse para que germine y florezca una seguridad social que incluya; no lo contrario. Las operaciones ideológicas en curso reclaman la libertad de comercio y el cuidado y conservación de sus propias lógicas. De la amenaza a esos principios es que se  trata la inseguridad según el discurso hegemónico, solo que lo dicen de otra manera, solo que lo muestran de otras maneras.  

La seguridad será colectiva, será social o no será nada. No habrá seguridad sin integración social. No habrá seguridad sino hasta que los esfuerzos, centrados en la producción y consumo de mercancías, sean reemplazados  por acciones en pos del desarrollo humano y social de los hombres y mujeres. 

  

Santiago Nogueira - José Muñiz 

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