Arma de destrucción masiva es la exclusión social

La seguridad actualmente consiste en excluir. Se materializa en la ejecución y/u omisión de acciones, por parte de ciertas organizaciones sociales, que buscan incidir sobre el marco político del ser y hacer democrático y soberano de las comunidades. Es un concepto clasista, una expresión ideológica que glorifica la defensa inalienable de los bienes materiales individuales y/o de grupos de interés  

Circula por los aires de la ciudad un discurso excluyente respecto a la seguridad. De la misma manera en que gritamos durante una discusión, cuando perdemos la razón y solo nos importa imponer a toda costa nuestra voz por encima de alguna otra, la sociedad grita y exige seguridad. ¿Pero qué quieren cuando quieren seguridad? No lo saben; como tampoco saben que hacen caldo de cultivo para que otras voces, sin necesidad de gritos, puedan acallar todas las demás y hacerse hegemónicas.

La seguridad actualmente consiste en excluir. Se materializa en la ejecución y/u omisión de acciones, por parte de ciertas organizaciones sociales, que buscan incidir sobre el marco político del ser y hacer democrático y soberano de las comunidades. Es un concepto clasista, una expresión ideológica que glorifica la defensa inalienable de los bienes materiales individuales y/o de grupos de interés. Debe ser ejercida sobre el hecho social del robo y su naturalizada fuente original: los marginados sociales. Son ellos a quienes se debe sofocar mediante el despliegue de los dispositivos de seguridad sancionados: los sectores históricamente postergados, históricamente estigmatizados, los desafiliados sociales. O sencillamente, los pobres.

Dividir es, de alguna manera, distribuir. El Rey Lear divide sus territorios, distribuye sus terrenos a sus hijas y, con ellos, las riquezas que contienen. Divide y reinarás. El concepto de seguridad que construyen e imponen los sectores dominantes y representantes del capital alienta la fragmentación social: fragmenta y oprimirás (aun más). Fragmentación territorial y simbólica que se consolida en la emergencia de “zonas francas” del Estado, en las cuales la cuestión social es desatendida, no se ejerce poder alguno. La vida desprotegida, marginados y desprotegidos. Es el Estado de la Des-socialización.

Lazo social fragmentado, las instituciones de socialización quebradas y des-configuradas. La pérdida de sentido del ser y hacer es un síntoma de moda en los tiempos que nos toca vivir. En este contexto, las nuevas narrativas políticas, que empiezan a emerger y a mutar constantemente desde la crisis de 2001, encuentran nuevas posibilidades lingüísticas y simbólicas para sus relatos, mitos y prácticas; y al capitalismo se le ofrecen nuevos impulsos para su mercado y la generación de más (y nuevos) deseos consumistas.

¿Y el Estado del Derecho (humano)? El Estado argentino, durante la última década, planteó innovaciones y pequeñas revoluciones en materia de seguridad humanitaria. La clave radica en la reglamentación de Defensa Nacional, sancionada en 1988, reglamentada en los primeros meses de gestión de Néstor Kirchner: las Fuerzas Armadas retiradas del ámbito civil; creación del Ministerio de Seguridad; democratización de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal; inicio, desarrollo e intensificación de los juicios contra los crímenes cívicos-militares registrados durante la última dictadura cívico-militar. Y además -al menos-, la intención política de construir un país con más y mejor inclusión social.

La situación es sensible. Observamos instituciones sociales, grupos de poder económico y simbólico monopólicos que exhiben además poder político de hecho, sin necesidad de participación política en espacios formales donde las prácticas puedan ser institucionalizadas, legales y legítimas. Están en la clandestinidad política, armados hasta los dientes, atacan sin disparar balas, sin usar siquiera pólvora. Utilizan discursos y símbolos de destrucción masiva.  

Al proceso de institucionalización de las prácticas sancionadas para el hacer de la seguridad, le corresponde una fuente de nutrición discursiva, simbólica, material y de praxis. Entendemos que existen dos bandos en pugna. Por un lado, el hegemónico y estigmatizador. Se trata del que representa a los actuales sectores dominantes que pregonan la fragmentación social y el casi irremediable enfrentamiento social. Si lo caracterizáramos como desestabilizador del orden democrático, no estaríamos tan errados. Por otro lado, el discurso que busca atender y compensar las “fallas” del legado neoliberal, pero que convive con un Estado ausente para generar las transformaciones estructurales, culturales, políticas y económicas imprescindibles en la construcción de un nuevo orden social más justo y equitativo. Nos referimos al discurso gubernamental. En términos y estrofas populares, “…ensayo general para la farsa actual, teatro anti-disturbio…”.

La situación es sensible. Observamos instituciones sociales, grupos de poder económico y simbólico monopólicos que exhiben además poder político de hecho, sin necesidad de participación política en espacios formales donde las prácticas puedan ser institucionalizadas, legales y legítimas. Están en la clandestinidad política, armados hasta los dientes, atacan sin disparar balas, sin usar siquiera pólvora. Utilizan discursos y símbolos de destrucción masiva.

Entendemos que la seguridad es otra lucha de clases en desarrollo. Protagonizada por sectores que excluyen y sectores excluidos. Es una lucha de clases velada, donde las operaciones ideológicas son constantes, desviando la mirada de donde debe ser puesta, de donde se generan las raíces que deben cuidarse para que germine y florezca una seguridad social que incluya; no lo contrario. Las operaciones ideológicas en curso reclaman la libertad de comercio y el cuidado y conservación de sus propias lógicas. De la amenaza a esos principios es que se  trata la inseguridad según el discurso hegemónico, solo que lo dicen de otra manera, solo que lo muestran de otras maneras.  

La seguridad será colectiva, será social o no será nada. No habrá seguridad sin integración social. No habrá seguridad sino hasta que los esfuerzos, centrados en la producción y consumo de mercancías, sean reemplazados  por acciones en pos del desarrollo humano y social de los hombres y mujeres. 

  

Santiago Nogueira - José Muñiz 

¡Viva el héroe colectivo!

Por Axel Springer

Conversar con Lucas Manjon de la Red Antimafia nos permite creer como mínimo en 3 cosas:   a) no todo está perdido,  b) hay personas que quieren ayudar a otras  y  c), por último, si estas acciones se organizan el resultado es aún más fructífero. 

L.M.: La Red antimafia es un conglomerado de trabajo de distintas organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil en conjunto que tienen alguna experiencia en infancia robada, familiares de la tragedia de Once, familiares de Cromañón, etc. Como un montón de personas de la sociedad civil sin representación partidaria, ni política, ni sindical, que decidieron unirse para conformar esta Red y establecer 33 puntos del programa para erradicar las mafias en el país.

R.P.A.: ¿Cuál es el origen del problema de la inseguridad?
L.M.: Obviamente, son la desigualdad y la corrupción. A medida que se incrementan los niveles de desigualdad, se incrementan las brechas en otros sectores. Es muy complicado llevar una política de seguridad, luego de 30 años de democracia, en que solo hay 2 condenados por corrupción.
Hoy en día, al ver los ejemplos que recibimos desde arriba violando las leyes, muchos creen que las leyes pueden ser vulneradas. Hoy tenés personas públicas enriquecidas de manera corrupta. 
Por otro lado, también hay casos de personas honestas que han trabajado individualmente. La red nace y crece para unir transversalmente a esas personas honestas que quieren trabajar sobre los valores más básicos de derecho a la vida, la libertad y la desigualdad, ante el crimen organizado.

R.P.A.: ¿Qué es el mapa de la inseguridad?
L.M.: Es un trabajo que venimos haciendo junto a distintos barrios de Capital Federal, pero nosotros lo llamamos mapa del crimen organizado. Reuniéndonos en sinagogas, clubes de barrio y parroquias, cada vecino aporta hechos de inseguridad o delitos que sucedan, tales como robos,  cocinas de cocaína, desarmaderos, puestos donde se cobran coimas. Todo eso se vuelca en un mapa para tener una estadistica de la información cabal de lo que sucede en forma directa y no por trascendidos. A partir de esta información reunida, se hace un análisis y se lo brindamos a las autoridades que creemos que son competentes y pueden trabajar, organismos nacionales y de la ciudad. En Rosario se lo entregamos a las autoridades federales y provinciales, para que se anoticien de lo que pasa en los barrios.
A partir de ahí, esperamos un tiempo prudencial para que empiecen a trabajar y comiencen a desactivar, por ejemplo, los puntos de venta de droga, las zonas liberadas para los asaltos, desarmaderos, prostíbulos. Si las autoridades actúan de manera coordinada, al cabo de un mes se empiezan a ver resultados cabales en la calle. 
Por una cuestión de procedimiento, nosotros les entregamos la información a las máximas autoridades (Ministerio de Seguridad nacional y porteño, AFIP, AGIP, Subsecretaria de Trabajo, Ministerio de Trabajo). Es el Ministerio de Seguridad quien tiene competencia y debe derivarlo a las comisarías. 
Nosotros ponemos a su servicio todos los datos, si vemos que no hay resultados, muchas veces hemos tenido que marchar.
Hace unos días en Rosario se hizo un operativo muy importante y algunos puntos fueron elegidos como consecuencia del mapa entregado por la Red Antimafia de Rosario.

R.P.A.: ¿Cómo se puede mejorar la policía actual?
L.M.: Nosotros creemos que tiene que haber una policía judicial, para que se especialice en delitos complejos y puedan actuar.
Lo más importante es descabezar las estructuras mafiosas que hoy existen dentro de la policía, y luego cambiar la formación de estas estructuras. Hoy hay instructores que tienen sumarios o que han formado parte de las fuerzas armadas de la dictadura militar. 
Actualmente, a los policías corruptos se los descubre, se los sumaría y pasan a retiro con una jubilación de privilegio y, además, manteniendo sus negocios armados. Así no va a cambiar en lo más mínimo.

R.P.A.: ¿Qué opinión te merece la actual reforma al Código Penal?
L.M.: Lo estamos evaluando, en algunos puntos no estamos de acuerdo, como la eliminación de la figura del proxeneta, donde se baja la pena por delitos de trata de personas. Para nosotros y para “La Alameda” significa un retroceso. En 2008 se sancionó una ley que sigue vigente donde la pena por secuestrar una persona y explotarla sexualmente es menor a traficar una vaca. Nosotros denunciamos al Juez de la Corte Suprema Zaffaroni por tener una red de 11 prostíbulos en 6 de sus departamentos. Hubo una sentencia y  su apoderado pagó una multa, reconociéndose como proxeneta. Esta persona participó de esta reforma del Código Penal. En el año 1979 escribió el Código de Derecho Penal Militar donde habla del estado de excepción y justifica la pena de muerte sin juicio previo. La discusión debería de haber sido más amplia.

Podes leer todas las notas del nº12   acá http://revistaproyectoaire.com.ar/descarga

Arma de destrucción masiva es la exclusión social.

La seguridad actualmente consiste en excluir. Se materializa en la ejecución y/u omisión de acciones, por parte de ciertas organizaciones sociales, que buscan incidir sobre el marco político del ser y hacer democrático y soberano de las comunidades. Es un concepto clasista, una expresión ideológica que glorifica la defensa inalienable de los bienes materiales individuales y/o de grupos de interés 

Circula por los aires de la ciudad un discurso excluyente respecto a la seguridad. De la misma manera en que gritamos durante una discusión, cuando perdemos la razón y solo nos importa imponer a toda costa nuestra voz por encima de alguna otra, la sociedad grita y exige seguridad. ¿Pero qué quieren cuando quieren seguridad? No lo saben; como tampoco saben que hacen caldo de cultivo para que otras voces, sin necesidad de gritos, puedan acallar todas las demás y hacerse hegemónicas.

La seguridad actualmente consiste en excluir. Se materializa en la ejecución y/u omisión de acciones, por parte de ciertas organizaciones sociales, que buscan incidir sobre el marco político del ser y hacer democrático y soberano de las comunidades. Es un concepto clasista, una expresión ideológica que glorifica la defensa inalienable de los bienes materiales individuales y/o de grupos de interés. Debe ser ejercida sobre el hecho social del robo y su naturalizada fuente original: los marginados sociales. Son ellos a quienes se debe sofocar mediante el despliegue de los dispositivos de seguridad sancionados: los sectores históricamente postergados, históricamente estigmatizados, los desafiliados sociales. O sencillamente, los pobres.

Dividir es, de alguna manera, distribuir. El Rey Lear divide sus territorios, distribuye sus terrenos a sus hijas y, con ellos, las riquezas que contienen. Divide y reinarás. El concepto de seguridad que construyen e imponen los sectores dominantes y representantes del capital alienta la fragmentación social: fragmenta y oprimirás (aun más). Fragmentación territorial y simbólica que se consolida en la emergencia de “zonas francas” del Estado, en las cuales la cuestión social es desatendida, no se ejerce poder alguno. La vida desprotegida, marginados y desprotegidos. Es el Estado de la Des-socialización.

Lazo social fragmentado, las instituciones de socialización quebradas y des-configuradas. La pérdida de sentido del ser y hacer es un síntoma de moda en los tiempos que nos toca vivir. En este contexto, las nuevas narrativas políticas, que empiezan a emerger y a mutar constantemente desde la crisis de 2001, encuentran nuevas posibilidades lingüísticas y simbólicas para sus relatos, mitos y prácticas; y al capitalismo se le ofrecen nuevos impulsos para su mercado y la generación de más (y nuevos) deseos consumistas.

¿Y el Estado del Derecho (humano)? El Estado argentino, durante la última década, planteó innovaciones y pequeñas revoluciones en materia de seguridad humanitaria. La clave radica en la reglamentación de Defensa Nacional, sancionada en 1988, reglamentada en los primeros meses de gestión de Néstor Kirchner: las Fuerzas Armadas retiradas del ámbito civil; creación del Ministerio de Seguridad; democratización de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal; inicio, desarrollo e intensificación de los juicios contra los crímenes cívicos-militares registrados durante la última dictadura cívico-militar. Y además -al menos-, la intención política de construir un país con más y mejor inclusión social.

La situación es sensible. Observamos instituciones sociales, grupos de poder económico y simbólico monopólicos que exhiben además poder político de hecho, sin necesidad de participación política en espacios formales donde las prácticas puedan ser institucionalizadas, legales y legítimas. Están en la clandestinidad política, armados hasta los dientes, atacan sin disparar balas, sin usar siquiera pólvora. Utilizan discursos y símbolos de destrucción masiva. 

Al proceso de institucionalización de las prácticas sancionadas para el hacer de la seguridad, le corresponde una fuente de nutrición discursiva, simbólica, material y de praxis. Entendemos que existen dos bandos en pugna. Por un lado, el hegemónico y estigmatizador. Se trata del que representa a los actuales sectores dominantes que pregonan la fragmentación social y el casi irremediable enfrentamiento social. Si lo caracterizáramos como desestabilizador del orden democrático, no estaríamos tan errados. Por otro lado, el discurso que busca atender y compensar las “fallas” del legado neoliberal, pero que convive con un Estado ausente para generar las transformaciones estructurales, culturales, políticas y económicas imprescindibles en la construcción de un nuevo orden social más justo y equitativo. Nos referimos al discurso gubernamental. En términos y estrofas populares, “…ensayo general para la farsa actual, teatro anti-disturbio…”.

La situación es sensible. Observamos instituciones sociales, grupos de poder económico y simbólico monopólicos que exhiben además poder político de hecho, sin necesidad de participación política en espacios formales donde las prácticas puedan ser institucionalizadas, legales y legítimas. Están en la clandestinidad política, armados hasta los dientes, atacan sin disparar balas, sin usar siquiera pólvora. Utilizan discursos y símbolos de destrucción masiva.

Entendemos que la seguridad es otra lucha de clases en desarrollo. Protagonizada por sectores que excluyen y sectores excluidos. Es una lucha de clases velada, donde las operaciones ideológicas son constantes, desviando la mirada de donde debe ser puesta, de donde se generan las raíces que deben cuidarse para que germine y florezca una seguridad social que incluya; no lo contrario. Las operaciones ideológicas en curso reclaman la libertad de comercio y el cuidado y conservación de sus propias lógicas. De la amenaza a esos principios es que se  trata la inseguridad según el discurso hegemónico, solo que lo dicen de otra manera, solo que lo muestran de otras maneras.  

La seguridad será colectiva, será social o no será nada. No habrá seguridad sin integración social. No habrá seguridad sino hasta que los esfuerzos, centrados en la producción y consumo de mercancías, sean reemplazados  por acciones en pos del desarrollo humano y social de los hombres y mujeres. 

  

Santiago Nogueira - José Muñiz