Por
Alejandro Schachter
Uno de los principales desafíos a la hora de llevar a cabo una
experiencia de autogestión consiste en construir una organización que sea
sostenible en términos económicos y financieros.
Este tipo de experiencias, pertenecientes al campo de la economía social,
conviven y coexisten con el sector privado capitalista (y también con el
estatal), bajo un sistema social donde predomina el capital. Por lo tanto, para
desarrollarlas y consolidarlas se impone conducir procesos de generación,
apropiación, adaptación y acumulación colectiva de recursos monetarios (por
ejemplo, dinero) y no monetarios (por ejemplo, medios de producción e
infraestructura).
Si bien el objetivo de este tipo de organizaciones no es la obtención
del máximo lucro sino la reproducción ampliada de la vida de las personas, la
falta de foco en los resultados económicos y financieros puede poner en riesgo
la continuidad de la empresa.
Cambio de paradigma
En primer lugar, la importancia de este desafío se relaciona con que, en
muchas ocasiones, quienes deben comandar la gestión de estas organizaciones no
están acostumbrados a ocupar roles de dirección, situación que se verifica
frecuentemente en las empresas recuperadas. Por lo general, se trata de
operarios especializados que deben pasar a cumplir una función muy distinta,
por lo que resulta necesario un cambio de mentalidad y capacitación en áreas
tales como planificación, marketing o contabilidad. En esta instancia, suele
ocurrir un interesante proceso de aprendizaje, donde los trabajadores con mayor
formación gremial actúan como disparadores de discusiones e intercambios que
apuntan a la concientización necesaria para la nueva etapa.
Los integrantes del consejo de administración de la Cooperativa Alcoyana[1] definen
la clave para el cambio de mentalidad con mucha precisión: “Tenemos que ocuparnos de que se entienda que todos somos dueños y, por
lo tanto, todos somos responsables y beneficiarios de lo que hacemos en la
fábrica”. Podríamos parafrasear esta idea agregando que la autogestión de
la empresa por parte de los trabajadores lleva a una resignificación de la idea
de propiedad privada. El hecho de tomar el control del proceso de creación de
valor hace que los trabajadores redefinan su relación con los medios de
producción, los cuales ya no aparecen frente a ellos como “capital”; por lo
tanto, el trabajo objetivado deja de ser un elemento hostil, poderoso e
independiente de ellos. En consecuencia, se genera un mayor grado de
participación por parte del trabajador, al salir de su función específica y
poder introducir iniciativas propias.
Capital de trabajo, comercialización y
financiamiento
Una vez superado lo que podríamos llamar el “cambio de paradigma” de
pasar de la defensa del puesto de trabajo a la gestión de un crecimiento
sostenible, encontramos diversos aspectos que deben ser atendidos, tanto en lo
referido a la disponibilidad de capital como a la comercialización y al
financiamiento.
En esta línea, destacamos que una dificultad recurrente que debe tenerse
en cuenta, y que suele darse en las primeras etapas, es la disponibilidad de capital de trabajo. Las empresas
recuperadas, usualmente, cuentan con escaso capital para iniciar su actividad y
poder sostenerla a través del tiempo, ya que se han formado como una
continuidad de empresas que, por situaciones problemáticas, han caído en
quiebra. Con frecuencia ocurre que, efectivamente, existe cierta dotación de
capital, pero el deterioro causado por el abandono o la falta de mantenimiento
y la obsolescencia, fruto de largos períodos de desinversión, obliga a recurrir
a costosas tareas de reparación, acondicionamiento y modernización. Igualmente,
no debemos soslayar que, por lo general, los avances tecnológicos en la
industria también suelen traducirse en reducción de puestos de trabajo, lo cual
es inadmisible en este tipo de organizaciones.
En lo que refiere al capital inicial para comenzar la operatoria de las
empresas recuperadas, también resulta fundamental, en muchas ocasiones, la
posibilidad de la expropiación. El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas
la identifica como una salida viable, basándose en la Constitución Nacional y
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, donde se destaca que “pueden
ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción
de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al
dominio público o al dominio privado…”.
Una vez que se cuenta con el capital, se deben poner en marcha las
actividades, para lo cual es necesario conseguir y consolidar los canales de distribución y comercialización necesarios para sostener la
operatoria. En este punto pueden presentarse dificultades iniciales para las
empresas recuperadas, a raíz de la mala reputación generada en las redes
comerciales de la empresa a partir de los malos manejos de la administración
anterior.
Asimismo, se deben sortear, especialmente en grandes conglomerados
urbanos, los obstáculos vinculados con la importancia de las grandes tiendas y
supermercados, que imponen sus condiciones al resto de la cadena productiva.
Para contrarrestar esta situación, consideramos que una alternativa viable
podría ser la conformación de alianzas con otras organizaciones de la economía
social especializadas en asuntos comerciales o en la producción de bienes y
servicios complementarios, a fin de lograr una mayor incidencia y visibilidad
en el mercado.
Otra cuestión que hace a la viabilidad económica y financiera de estas
organizaciones es la del financiamiento.
Usualmente, las experiencias autogestionadas son consideradas de alto riesgo en
los análisis de las entidades crediticias privadas, lo cual reduce sus
posibilidades de acceso al financiamiento. En este sentido resulta fundamental
el rol de la banca cooperativa y la banca pública, las cuales, a partir de una
visión integral del negocio, pueden evaluar de un modo cualitativamente
distinto a estas entidades.
Cabe mencionar que en las cuestiones de financiamiento también puede ser
significativo el apoyo estatal en forma de subsidios (los cuales en nuestro
país se ejecutan a través de los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo
Social), o bien la asistencia financiera entre las propias empresas recuperadas
(una empresa recuperada en funcionamiento puede aportar financiamiento o
donaciones para una nueva iniciativa que presenta dificultades para comenzar a
operar).
Sostenibilidad en el mediano plazo
Los aspectos mencionados (capital inicial, canales de distribución y
comercialización, financiamiento) resultan cruciales para las primeras etapas
de organización de las empresas autogestionadas. No obstante, en caso de sortear
positivamente estas cuestiones, luego entrarán en juego otras particularidades
de la gestión que podemos denominar “de segunda generación” y que deben ser
tenidas en cuenta para garantizar el desarrollo de la empresa en el mediano
plazo.
En este punto se plantea la posibilidad real de la autogestión en el
marco de un sistema capitalista. Tal como lo expresa Andrés Ruggeri, se trata
de un sistema que posee determinadas reglas, las cuales presionan sobre los
tiempos de trabajo, la rentabilidad y la capacidad de tomar decisiones
estratégicas, marcando la agenda productiva y las necesidades de
capitalización.
Sin embargo, entendemos que la sostenibilidad de estos emprendimientos
no depende sólo de la eficaz inserción dentro de las reglas de juego del sistema
capitalista sino también, y en una gran medida, de que se respeten las
características básicas de la economía social, a fin de garantizar la
continuidad de la lógica reproductiva y no lucrativa de las empresas de
autogestión.
En esta línea, y siguiendo a Gonzalo Vázquez, no es posible explicar el
sostenimiento actual de estos emprendimientos y sus trabajadores en base a una
lógica exclusivamente mercantil. Este autor propone la noción de sostenibilidad
plural, dentro de la cual se destacan las siguientes dimensiones: reciprocidad
(redes familiares, vecinales y de amistad que proveen aportes no monetarios,
como bienes personales utilizados para la producción colectiva), redistribución
(estos emprendimientos deben ser reconocidos socialmente como prácticas
legítimas, a partir de lo cual toda la sociedad, a través del Estado, debería
contribuir con recursos fiscales que posibiliten su desarrollo) y planificación
(política estatal de regulación, que corrija desequilibrios e irracionalidades
producidas por el libre mercado).
A modo de cierre, consideramos que en la trayectoria de un
emprendimiento de autogestión deben considerarse las distintas fases a afrontar
para consolidar la organización. Como vimos, esto requiere de una visión
integral, que contenga ciertamente las necesidades económicas y financieras
pero que, en un enfoque de mediano plazo, pueda comprender la lógica
diferenciada de la economía social y la importancia del Estado como responsable
del marco regulatorio imprescindible para la sostenibilidad de estas
experiencias.
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