El gobierno venezolano impulsa medidas que apuntan a favorecer
la producción colectiva y participativa de alternativas al software privativo
para ser empleadas en la Administración Pública.
Diciembre de 2002 encontró a Venezuela enfrentando
uno de los momentos más críticos de los últimos años. La modificación de la
distribución de la renta petrolera y la nacionalización y reestructuración de
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), realizadas por el entonces presidente Hugo
Chávez, provocaron el estallido de los sectores venezolanos más conservadores.
Opositores al gobierno de Chávez, en articulación con representantes de
intereses estadounidenses, convocaron a los trabajadores del petróleo a
adherir a un paro en las actividades, deteniendo la producción y los buques
transportadores. La maniobra entrañaba claras intenciones desestabilizantes y
tenía como objetivo principal lograr poner fin al gobierno de Chávez.
Uno de los papeles centrales en el sabotaje fue
desarrollado por Informática, Negocios y Tecnología, S.A. (INTESA), empresa
que proveía entonces los sistemas informáticos y de automatización utilizados
en PDVSA, conformada además en un 60% por acciones estadounidenses. Durante el
conflicto, INTESA manipuló las claves de seguridad que permitían acceder al
sistema y a los datos de la empresa, evitando que los trabajadores que no se
plegaron al boicot pudieran ingresar al sistema y lograran así reanudar el
trabajo y reactivar las válvulas y los sistemas de llenado.
Es imposible entender el desarrollo que ha tenido
lugar en Venezuela en relación a la Soberanía Tecnológica y el Software Libre
por fuera de este conflicto. El sabotaje puso en relieve el rol central de
la tecnología y, particularmente, del software, a la hora de disputar y
fortalecer la Soberanía Nacional. Este hecho no escapó al conocimiento del
gobierno venezolano, el cual promovió, a partir de entonces, diversas medidas
para la generación de sistemas informáticos nacionales desarrollados bajo
Estándares Abiertos.
El pilar de este nuevo proceso fue el Decreto
3.390, emitido el 23 de Diciembre de 2004 por el presidente Chávez, el cual
establece oficialmente el empleo prioritario de Software Libre en todos los
órganos de la Administración Pública venezolana, así como la promoción de su
uso en todo el país. Como parte de esta nueva política, se asignó al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación la tarea de desarrollar un sistema
operativo público. El resultado fue el Canaima, distribución venezolana de
GNU/Linux, destinado a ser implementado tanto en la Administración Pública
como en las computadoras del Proyecto Canaima Educativo, el cual distribuye
computadoras portátiles a todos los niños en edad escolar. Otra estrategia
empleada consistió en el desarrollo de plataformas virtuales que permitieran
que organizaciones comunitarias, ciudadanos y militantes del Software Libre
participen de forma colaborativa en el desarrollo de sus propios sistemas
informáticos para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios.
A pesar de estos avances, sin embargo, el proceso
de migración del software privativo al sistema abierto aún no ha sido
completado. Diversas organizaciones venezolanas vinculadas al movimiento de
Software Libre se han manifestado disconformes con el insuficiente grado de
cooperación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo cierto es que el éxito
en la implementación de este nuevo modelo plantea dificultades y depende de
diversos factores, entre los que se encuentra la aceptación y predisposición de
los usuarios a implementarlo -lo cual, como en todo proceso de transformación,
encuentra resistencias- y, en igual medida, el acompañamiento de los órganos
gubernamentales en el proceso y el incentivo constante en investigación e
innovación.
La implementación del Software Libre responde a la
decisión política del gobierno de desarrollar un recurso estratégico clave. En lo económico, apunta a fomentar la industria y
aumentar su competitividad, tanto en la producción de aplicaciones listas para
utilizar como en la oferta de servicios de mantenimiento y soporte técnico,
instalando así un nuevo modelo de negocios, orientado a servicios. El objetivo
es lograr verdadera independencia tecnológica y una transformación cultural
que permita ejercer soberanía sobre la información estratégica para el pueblo
venezolano e impida que se repita un sabotaje como el que tuvo lugar durante
el paro del petróleo.
En Venezuela se asiste a la reivindicación de la filosofía
del Software Libre como una filosofía para la liberación, la democratización
del conocimiento y del acceso a la información. Como una forma de construir el
Socialismo del siglo XXI.
Se
cristaliza, en definitiva, una concepción –alternativa a la concepción
capitalista- acerca de cómo debe ser el desarrollo socioeconómico: la
adquisición de la soberanía -en este caso, la tecnológica- no debe darse de
cualquier forma, sino que, necesariamente, será el resultado de la puesta en
práctica y el desarrollo de tecnologías libres, y de la construcción
colaborativa, participativa y colectiva de conocimiento.
Lee el nro 9 completo!
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